Equipo editorial Capital Inteligente
El sector eléctrico colombiano ha experimentado una gran transformación con la integración de energías renovables no convencionales, pero su incorporación representa retos importantes para el sistema. Conoce 5 estrategias para mantener su estabilidad.
La transición energética en Colombia, más allá de su foco ambiental, es una urgencia estratégica para asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico en un contexto de alta demanda, desafíos climáticos y tensiones institucionales.
El reciente anuncio del Ministerio de Minas y Energía mediante la Resolución 40140 del 2 de abril de 2025, que establece lineamientos transitorios para preservar proyectos de generación renovable, se convierte en una pieza crítica del rompecabezas energético colombiano.
Pero ¿es esto suficiente? ¿Cómo se equilibra el objetivo de una matriz energética más limpia con la necesidad inmediata de garantizar el suministro? En este sentido es vital conectar los puntos clave de la política energética actual, las tensiones con los gremios y los retos técnicos, financieros e institucionales que enfrenta Colombia para asegurar un futuro energético estable.
Bajo este panorama, surgen cinco puntos considerados neurálgicos por gremios y expertos del sector:
La transición energética colombiana está marcada por un entorno técnico y político complejo. Por un lado, el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Minas y Energía, ha establecido medidas de carácter transitorio para evitar que proyectos renovables —especialmente solares y eólicos— con asignaciones de conexión al Sistema Interconectado Nacional (SIN), se frustren por conflictos de superposición con otras iniciativas minero-energéticas o por retrasos en las obras de transmisión.
La resolución 40140 permite prorrogar garantías y evitar que los proyectos pierdan su lugar dentro del sistema, siempre que se cumplan ciertas condiciones de negociación y coexistencia.
Este mecanismo de contingencia tiene como objetivo blindar proyectos clave ante dos grandes barreras estructurales: la falta de infraestructura de transmisión —especialmente en regiones apartadas como La Guajira— y la incertidumbre jurídica frente a la superposición de títulos o iniciativas productivas en una misma zona.
El valor estratégico de esta resolución radica en que busca ganar tiempo mientras se resuelven de fondo estas trabas, generando un espacio de estabilidad para la inversión, que es esencial para mantener el ritmo de expansión de energías renovables.
Mientras el Gobierno de Colombia promueve su visión de una “transición energética justa”, los gremios del sector energético (Andesco, Acolgen, Andeg, Asocodis, Naturgas, SER Colombia y ACP) han manifestado una oposición creciente a lo que consideran una narrativa injusta por parte del presidente de la República. Las afirmaciones gubernamentales que responsabilizan al sector por las alzas tarifarias o por retrasos en proyectos han sido tildadas por los gremios como “imprecisas” y “desviadoras de la atención”.
Los gremios han enfatizado que la estabilidad del sistema ha sido posible gracias a un modelo institucional robusto que ha funcionado durante más de tres décadas. Señalan que el suministro ha sido continuo, con mejoras en calidad, y advierten que las recientes intervenciones del Gobierno —como la propuesta de una “nueva fórmula tarifaria” y la intención de restringir ventas en bolsa— ponen en riesgo la confiabilidad, la inversión y la seguridad jurídica del sector.
En este contexto, las medidas técnicas como la Resolución 40140, que en apariencia buscan dar solución a problemas puntuales, se ven opacadas por el ruido político. La falta de confianza entre los actores pone en duda la posibilidad de implementar una transición ordenada y eficiente, particularmente si los mensajes del Gobierno generan desconfianza entre los inversionistas nacionales e internacionales.
Más allá de la política, los desafíos técnicos son contundentes. Colombia necesita sumar al menos 1.000 MW de energía firme en los próximos tres años para atender la demanda creciente y mantener el equilibrio del sistema, según proyecciones del Comité Intergremial de Energía y Gas.
Sin embargo, la realidad es que muchos de los proyectos renovables enfrentan cuellos de botella: retrasos en las líneas de transmisión, falta de financiación, conflictos con comunidades, y ahora, además, un entorno institucional incierto.
La creciente demanda energética, sumada a una temporada de baja hidrología (que limita la disponibilidad de energía hidroeléctrica), ejerce presión sobre la bolsa de energía, elevando los precios y aumentando el riesgo de racionamientos.
Los gremios han advertido que restringir la venta de energía en bolsa a las generadoras renovables (hasta un máximo del 5 %) rompe las señales de mercado y puede desincentivar la entrada de nuevos actores.
Esta situación no solo amenaza la confiabilidad del sistema, sino que, en un efecto bumerán, podría generar tarifas más altas para los usuarios finales.
Uno de los puntos más sensibles en esta discusión gira en torno a las tarifas y el sistema de subsidios. El Gobierno ha manifestado su intención de ajustar los pagos de subsidios a través de una intervención directa en el mercado. No obstante, los gremios señalan que los precios de bolsa representan menos del 7 % del total de la tarifa al usuario final, y que los mecanismos de pagos diferidos —como la opción tarifaria— han generado deudas significativas con las empresas comercializadoras.
De hecho, el actual Gobierno ha propuesto no asumir más la deuda por opción tarifaria que se generó en la pandemia y en que se estudie si ese pago puede salir de los estratos más altos (5 y 6), comercios e industrias. Es decir, ya no saldría de los recursos de la Nación como se había anunciado por parte del exministro de Hacienda y Crédito Público, Ricardo Bonilla, en junio de 2024.
Estas deudas limitan la capacidad de estas empresas para firmar contratos de largo plazo con generadoras, lo cual frena la financiación de nuevos proyectos. En otras palabras, el riesgo financiero derivado de la inestabilidad institucional puede convertirse rápidamente en una barrera estructural para la transición energética.
Garantizar la sostenibilidad financiera del sistema es esencial: sin un marco tarifario claro, previsible y legalmente protegido, ninguna empresa estará dispuesta a invertir miles de millones de pesos en nuevas plantas o infraestructura.
La transición energética no solo depende de la generación, sino de una robusta infraestructura de transmisión que permita evacuar la energía generada en zonas como La Guajira, el Caribe y el suroccidente. La Resolución 40140 reconoce este punto al permitir la extensión de garantías para proyectos que están siendo retrasados por obras de transmisión.
La demora en la ejecución de proyectos como la línea Colectora en La Guajira o la expansión del Sistema de Transmisión Nacional (STN) no es solo un problema técnico, sino un factor crítico que impide que las soluciones renovables entren al sistema.
Por ello, gremios y expertos del sector consideran que el Estado debe actuar con urgencia, mejorando los procesos de licenciamiento ambiental, agilizando consultas previas y dando señales claras a los operadores para que las obras avancen sin más dilaciones.
La estabilidad del sistema eléctrico colombiano requiere una acción integral y coordinada en seis frentes principales:
Fortalecimiento institucional: validar la independencia técnica de la CREG, garantizar seguridad jurídica para las empresas y evitar que el sector se convierta en un campo de batalla político.
Planeación y ejecución acelerada de infraestructura de transmisión: sin líneas, no hay transición posible.
Regulación tarifaria transparente y técnica: cualquier ajuste debe ser estructural, técnicamente soportado y consensuado con los actores del sector.
Incentivos claros para proyectos renovables: especialmente para los que ya tienen punto de conexión y están listos para avanzar, pero enfrentan trabas externas.
Pagos pendientes y recuperación de liquidez: saldar las deudas con comercializadoras es fundamental para destrabar la financiación de nuevos proyectos.
Promoción de acuerdos de coexistencia: para evitar conflictos entre renovables y otros proyectos minero-energéticos.
En este sentido, la transición energética en Colombia requiere diálogo, criterios técnicos, institucionalidad y, sobre todo, una visión de largo plazo compartida por todos los actores.
La Resolución 40140 del Ministerio de Minas y Energía es un paso en la dirección correcta para preservar proyectos clave, pero será insuficiente si no viene acompañada de una acción decidida para resolver los cuellos de botella del sistema, de acuerdo con las posturas de los principales gremios energéticos del país.
Por ello, Colombia debe avanzar ante el riesgo de enfrentar una crisis estructural que pondría en jaque el bienestar de millones de hogares e industrias.
Fuentes:
El sector eléctrico colombiano ha experimentado una transformación significativa con la integración de energías renovables no convencionales. Sin embargo, este es un proceso continuo que requiere mirar más allá de incorporar fuentes renovables.
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