“Esta capilaridad es una oportunidad para integrar servicios de bienestar más amplios, incluyendo salud mental, envejecimiento activo y prevención en territorios donde la oferta estatal es limitada o inexistente”.
Las cajas de compensación en Colombia enfrentan cambios en diversas áreas de negocio y la constante transformación demográfica, avances tecnológicos, nuevas demandas sociales y regulaciones más exigentes. Conoce aquí la visión a futuro de estas entidades.
El 2025 encuentra a las cajas de compensación familiar en un momento determinante: han consolidado su papel como uno de los instrumentos sociales más robustos del país, con una capilaridad territorial, un alcance poblacional y una arquitectura de servicios que pocos sistemas privados o estatales pueden replicar.
De acuerdo con datos de Asocajas, en 2025, más de 21 millones de colombianos —casi la mitad de la población nacional— pueden acceder a sus beneficios, soportados por los aportes de 815.000 empresas, que sumaron $12,7 billones el año pasado.
Sin embargo, este impacto viene acompañado de señales de alerta estructural que demandan una revisión estratégica profunda para mantener su relevancia ante la evolución del trabajo, el aumento de la informalidad, el cambio generacional y los nuevos retos del bienestar social.
A pesar de que el número de empresas aportantes creció un 3,1 %, las afiliaciones de trabajadores dependientes cayeron un 1,7 % como consecuencia directa del deterioro del mercado laboral formal. La informalidad y la crisis del sector construcción afectaron la base afiliada y pusieron en evidencia una fragilidad del modelo: su dependencia casi exclusiva de la formalidad tradicional.
En este sentido, la situación plantea una disyuntiva de fondo para 2025 (y el futuro cercano): o el sistema de compensación evoluciona hacia esquemas de cobertura más inclusivos, con herramientas adaptadas a trabajadores por cuenta propia, plataformas digitales, jóvenes freelance o madres cabeza de hogar informales, o corre el riesgo de perder pertinencia frente a una fuerza laboral que ya no encaja en las lógicas de empleo del siglo XXI, destaca Asocajas.
El 89,8 % de los afiliados devenga menos de 4 salarios mínimos mensuales, con una concentración del 75 % entre 1 y 2 salarios. Este dato es revelador: las cajas se constituyen en un verdadero sistema de bienestar de clase media baja y baja, y su función redistributiva —en vivienda, empleo, salud, educación, recreación— ha sido central para contener el crecimiento de la pobreza.
A su vez, estudios internos de las entidades del sector muestran que recibir cuota monetaria reduce en 11 % la probabilidad de ser pobre en el caso de niños y adolescentes, y en 14 % en adultos mayores.
Además, por cada año adicional recibiendo el subsidio, la permanencia educativa aumenta 0,8 %. Estos impactos, aunque poderosos, se encuentran amenazados si no se fortalece el alcance del sistema hacia los nuevos perfiles de trabajador.
Por ello, 2025 debería ser el año de una transformación normativa y operativa que permita adaptar el sistema de compensación a los desafíos estructurales del mercado laboral. Asocajas lo ha planteado con claridad: se necesita un marco que incorpore de forma efectiva a trabajadores no formales, pero también que reconozca nuevas formas de afiliación y contribución, sin perder sostenibilidad financiera.
Una alternativa viable es transitar hacia modelos de cotización voluntaria para independientes, subsidios condicionados a la participación en programas de formación, o convenios territoriales que permitan el ingreso de trabajadores por cuenta propia mediante esquemas de cofinanciación entre municipios, cajas y beneficiarios.
Otro frente estratégico es el rol que jugarán las cajas en la atención a una fuerza laboral cambiante, multigeneracional y digital. La irrupción del teletrabajo, el envejecimiento poblacional, la transformación del empleo industrial al de servicios, y la incorporación de tecnologías disruptivas como la IA en múltiples sectores, exigen una oferta formativa y de servicios mucho más sofisticada.
Al respecto, Jacobo Tovar, director de Comfandi, explica que los cambios demográficos, como la reducción de la tasa de natalidad y el envejecimiento de la población, obligan a replantear nuestro modelo. “En 14 años, hemos pasado de 1,6 beneficiarios por afiliado a solo 0,9, lo que impacta la sostenibilidad del sistema. Estamos trabajando en estrategias a largo plazo para enfrentar estos desafíos, incluyendo posibles reformas en la seguridad social”, destaca.
En 2024, las cajas formaron a más de 650.000 personas —entre cesantes y activos— en programas apoyados por el Fondo de Promoción y Protección al Empleo (FOSFEC), y prestaron servicios educativos a más de 546.000 niños y jóvenes vulnerables, además de operar sus propios colegios, jardines, centros técnicos y programas de formación para el trabajo.
Sin embargo, esta oferta deberá intensificar su enfoque en habilidades digitales, competencias intergeneracionales, innovación productiva y resiliencia ocupacional para que las personas accedan a un empleo y logren transitar con éxito a lo largo de múltiples trayectorias laborales. En este punto, también hay un llamado a la acción hacia la integración público-privada regional. Las cajas de compensación están llamadas a convertirse en plataformas territoriales de desarrollo social.
Su presencia en 895 municipios y en los 32 departamentos las posiciona como ejecutoras naturales de programas públicos y catalizadoras de alianzas privadas. Por ejemplo, su infraestructura cultural, deportiva y educativa —que incluye más de 500 centros recreativos, 220 bibliotecas y 403 colegios o centros educativos— representa una red social que supera ampliamente a la de muchos entes territoriales.
Dicha red puede ser aprovechada para ampliar cobertura social y para ejecutar obras de alto impacto, como subsidios de vivienda urbana que, en 2024, permitieron que 51.000 hogares salieran del déficit habitacional, o programas de crédito social por $1,9 billones que beneficiaron a trabajadores con tasas significativamente más bajas que las del mercado.
Asimismo, el sistema juega un papel clave en el cierre de brechas estructurales, como la equidad de género. En 2024, el 60 % de los subsidios de vivienda fueron asignados a mujeres cabeza de hogar. Esto no es solo un dato, sino una señal de que el sistema puede evolucionar hacia un diseño más proactivo de políticas con enfoque de género, incluyendo acceso preferente a servicios de cuidado, crédito, formación y formalización laboral para mujeres en situación de vulnerabilidad.
Adicionalmente, en un país que enfrenta presiones crecientes sobre su sistema de salud, las cajas han sido también un actor relevante en aseguramiento. En 2024, sus EPS atendieron al 45,2 % de los beneficiarios del sistema de salud y gestionaron servicios para 5,1 millones de personas en 223 sedes de IPS propias.
“Esta capilaridad es una oportunidad para integrar servicios de bienestar más amplios, incluyendo salud mental, envejecimiento activo y prevención en territorios donde la oferta estatal es limitada o inexistente”.
En el horizonte 2025, las cajas deberán pasar de ser instituciones complementarias a ser plataformas articuladoras del nuevo contrato social territorial. Esta visión implica operar no solo como distribuidoras de subsidios, sino como innovadoras sociales, articuladoras intersectoriales y agentes de transformación económica local.
El Sistema de Compensación Familiar se encuentra frente a una disyuntiva histórica: ha demostrado su valor como instrumento de bienestar social, pero necesita transitar hacia un modelo más flexible, inclusivo y preparado para los nuevos desafíos.
La visión 2025 debe entender las transformaciones del país, responder con agilidad institucional y consolidar su papel como uno de los pilares del desarrollo humano y productivo de Colombia.
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Fuentes:
Cifras Sistema Asocajas: https://asocajas.org.co/wp-content/uploads/2025/05/Cifras-del-sistema_v3.pdf
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