Equipo editorial Capital Inteligente
La educación superior enfrenta tensiones entre gratuidad pública e Icetex desfinanciado. Universidades privadas lanzan modelos como Fondo Futuro para garantizar acceso y permanencia. Conoce aquí los retos y el impacto real en miles de estudiantes.
La educación superior en Colombia atraviesa uno de los momentos más complejos de las últimas décadas. Aunque se han logrado avances importantes en términos normativos, como el reconocimiento de la educación como un derecho fundamental y la aprobación de una ley que promueve la gratuidad para estudiantes de bajos recursos en instituciones de educación superior públicas, la realidad financiera del sistema no es muy estable.
Las universidades privadas, que son pieza clave en la cobertura y calidad del sistema, ahora enfrentan una doble amenaza: la desfinanciación del Icetex y la implementación de políticas de gratuidad sin el respaldo presupuestal necesario.
El panorama es crítico si se considera que el Icetex —principal mecanismo de acceso a la educación para estudiantes vulnerables en instituciones privadas— puede sufrir una reducción del 33 % en su presupuesto para 2025, según alertó recientemente la Contraloría General de la República. Esta disminución comprometería el ingreso, permanencia y culminación de estudios de más de 113.000 jóvenes, afectando de paso la sostenibilidad financiera de muchas universidades privadas que dependen de estos flujos para mantener su operación.
El análisis realizado por la Contraloría revela una disminución alarmante en los recursos destinados al Icetex. Aunque el Ministerio de Educación reportó un aumento del 36 % en los fondos para la gratuidad de matrícula para 2025, pasando de $1,57 billones en 2024 a $2,14 billones en 2025, el dinero para el Icetex se reduce notablemente. Esta disminución afectaría gravemente la capacidad del Instituto para financiar los créditos, que bajarían de $1,2 billones en 2024 a $859.036 millones en 2025, advirtió el ente de control fiscal.
Históricamente, el Icetex ha sido un pilar para miles de jóvenes que no cuentan con recursos para pagar una universidad, especialmente en el sector privado, que concentra al 43 % de los estudiantes de pregrado en Colombia. Ante ello, el Gobierno nacional ha propuesto convertir al Icetex en un banco de primer piso, lo que en la práctica significaría que su rol como intermediario respaldado por el Estado se reduciría, trasladando el riesgo financiero directamente al estudiante y, en algunos casos, a la propia institución educativa.
Esta es una dinámica sobre la que ya han lanzado alertas expertos y autoridades académicas en el país. El rector de la Universidad EIA y exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, advierte que se está evidenciando un menor compromiso del Estado con el Icetex: “Demoras en los giros, por ejemplo, generan una presión en el flujo de caja de las universidades”.
Ante esta situación, muchas instituciones han tenido que buscar soluciones por su cuenta, ya sea a través de alianzas con entidades privadas, modelos de financiamiento directo o incluso la creación de nuevos fondos solidarios.
A este complejo escenario se suma la implementación de la ley de gratuidad en educación superior. Aunque la medida es celebrada como un hito social, la falta de recursos adecuados amenaza su viabilidad. La reforma estatutaria que reconoce el derecho a la educación superior establece que la financiación estatal debe priorizar a las instituciones públicas.
Esto deja en una situación de indefinición a las universidades privadas, que no solo son responsables de una parte significativa de la cobertura, sino que también operan en territorios donde la oferta pública es inexistente o insuficiente.
A principios de 2024, el Gobierno Nacional anunció el lanzamiento de la política de gratuidad “Puedo Estudiar”, con la que se busca avanzar en la “universalización progresiva” del acceso a la educación superior en Colombia.
En esta política, el Gobierno invertirá alrededor de $2,8 billones dirigidos especialmente a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas. Estos recursos se invertirán en el pago del valor de la matrícula ordinaria de los estudiantes en programas de pregrado en universidades e instituciones públicas, explica el Ministerio de Educación.
No obstante, en palabras del rector Restrepo, “sin el sistema privado sería imposible que el país logre incrementos sustantivos en cobertura, porque en el público no hay suficientes cupos. Perderlo no debería suceder”. En efecto, sin las instituciones privadas, se reduciría notablemente la capacidad para responder a la creciente demanda de educación superior, especialmente en zonas donde no hay presencia estatal.
La permanencia es otro de los grandes retos. Según el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, la tasa de deserción en las universidades privadas es del 10 %, pero puede llegar al 13,3 % en estudiantes de estrato 1. La relación entre nivel socioeconómico y abandono refleja una problemática estructural: muchos jóvenes comienzan sus estudios, sin embargo, no pueden terminarlos por falta de recursos o porque deben entrar al mercado laboral antes de graduarse.
En este contexto, el apoyo financiero debe ir más allá del acceso inicial, acompañando al estudiante a lo largo de toda su trayectoria académica. La ley de gratuidad sin el respaldo presupuestal necesario corre el riesgo de convertirse en una promesa difícil de cumplir. Asimismo, el Icetex, sin una base financiera robusta, pierde su capacidad de ser una herramienta efectiva para quienes más lo necesitan.
Ante los desafíos que enfrenta el Icetex y los retrasos en la entrega de recursos estatales, muchas universidades han optado por apoyar directamente a sus estudiantes en el financiamiento de su educación. Actualmente, los jóvenes colombianos cuentan con diversas alternativas para acceder a estudios superiores, como créditos bancarios, opciones ofrecidas por fintech, financiación directa de las instituciones educativas y los créditos del Icetex.
Sin embargo, esta variedad no garantiza una verdadera accesibilidad, ya que no siempre se cumplen las condiciones financieras. Esto ha llevado a que las universidades privadas asuman un rol más activo en facilitar el acceso, funcionando en muchos casos como entidades de apoyo financiero.
Este rol implica riesgos importantes: no solo se destinan recursos que podrían estar orientados a la investigación o la mejora de la calidad educativa, sino que se exponen a problemas de cartera vencida y tensiones en el flujo de caja. Aun así, muchas instituciones han optado por esta alternativa como única vía para asegurar la permanencia de sus estudiantes.
Como respuesta proactiva a esta coyuntura y siendo un sistema innovador para Colombia, cinco universidades del Valle de Aburrá —EIA, CES, EAFIT, UPB y Universidad de Medellín— se han unido para lanzar el Fondo Futuro, una alternativa de financiación sostenible que entrará en operación en el segundo semestre de 2025. Su objetivo es claro: facilitar el acceso y la permanencia de más estudiantes mediante un modelo flexible y solidario.
Este fondo aspira a beneficiar a unos 2.500 jóvenes en cinco años, ofreciendo créditos que cubrirán hasta el 100 % del valor de la matrícula. El esquema funciona bajo dos modalidades: a corto plazo (el estudiante paga el 30 % durante el semestre, hasta en seis cuotas), y a largo plazo (el 70 % restante se paga al terminar los estudios).
Durante el periodo de formación, ese 70 % no generará intereses, ya que las universidades asumirán los costos financieros. Solo el componente de corto plazo tendrá una tasa de interés del 1,5 % mensual vencido. Este modelo demuestra que es posible construir soluciones creativas, colaborativas y sostenibles, cuando existe voluntad institucional y articulación regional.
Un estudiante se matricula en un programa de 10 semestres, con un valor promedio por semestre de $13.000.000. Durante el primer semestre, deberá pagar el 30 % de la matrícula ($3.900.000), que podrá dividir hasta en seis cuotas mensuales cercanas a los $780.000, incluyendo el interés del 1,5 % mensual. El valor restante, $9.100.000, se acumulará y será pagado después de terminado su plan de estudios. Gracias a esta alianza universitaria, ese valor no generará intereses durante el tiempo de estudio. Una vez finalice su plan de estudios, el estudiante podrá saldar su deuda en un plazo de hasta siete años y medio.
Sobre esta iniciativa, Claudia Restrepo Montoya, rectora de EAFIT, afirmó que “de diez estudiantes que se gradúan del colegio, solo cuatro logran ingresar a la educación superior, los demás no lo hacen porque no tienen herramientas financieras. Por eso, queremos contribuir con una solución al ofrecer a los jóvenes una nueva oportunidad para acceder al poder transformador de la educación. Sabemos que tenemos otro reto, la deserción, que en muchos casos está asociada a problemas financieros que hacen que quienes están dentro del sistema tengan la necesidad de créditos. Esperamos que eso sea una segunda fase del proyecto, pero en primera instancia nuestra línea es tratar de resolver temas de acceso”.
Por su lado, Néstor Raúl Posada Arboleda, rector de la Universidad de Medellín, concluye que este esfuerzo conjunto representa un modelo más humano y sostenible, pensado para que los recursos económicos no sean una barrera en el camino hacia el título profesional. Y reitera que, durante la etapa de formación, ese 70 % financiado no generará intereses, lo que protege a los estudiantes de deudas impagables.
De esta manera, con realidades aún complejas por solucionar, el futuro de la educación superior en Colombia necesita acuerdos y soluciones que garanticen el derecho a la educación para todos, sin desdibujar el aporte del sector privado.
Ese pacto debe incluir:
Un financiamiento público suficiente y sostenible para el Icetex y la gratuidad.
Un marco legal que reconozca y apoye el rol de las universidades privadas.
Modelos financieros innovadores que integren al sistema bancario, al sector productivo y a las propias IES.
Programas robustos de permanencia estudiantil, especialmente dirigidos a jóvenes en condición de vulnerabilidad.
La promesa de una educación superior incluyente, accesible y de calidad será posible si el país avanza en implementaciones para una cobertura integral no como excepción, sino de necesidad estructural.
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Fuentes:
Ministerio de Educación. Política de Gratuidad en la Educación Superior
Universidad EAFIT. EAFIT, UPB, EIA, CES y UdeM presentan un fondo para financiar el acceso a la educación superior
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