Equipo editorial Capital Inteligente
EE. UU. es clave en la balanza comercial de Colombia: lidera en exportaciones, inversión y cooperación. Descubre cómo su rol impacta nuestra economía y qué oportunidades se abren para el país. Explora el análisis completo y toma decisiones informadas.
En el entorno macroeconómico de Colombia, la balanza comercial refleja el intercambio de bienes entre naciones y constituye una variable estructural de primer orden para la sostenibilidad de las finanzas públicas.
En ese marco, Estados Unidos (EE. UU.), como principal socio comercial de Colombia en términos de exportaciones y uno de los más relevantes en materia de inversión y tecnología, ejerce una influencia crítica en el desempeño fiscal del país.
Esta interdependencia cobra especial relevancia cuando se examina junto a la nueva Política Nacional de Reindustrialización (PNR), que busca reconfigurar el aparato productivo del país hacia una economía más sofisticada y menos dependiente de commodities.
La relación entre balanza comercial y finanzas públicas opera a través de múltiples canales. En primer lugar, el superávit comercial mejora la disponibilidad de divisas, reduce presiones cambiarias y estabiliza el servicio de la deuda externa, un componente fundamental del gasto público.
En segundo lugar, el dinamismo exportador amplía la base tributaria al incentivar la actividad económica, la formalización y, en consecuencia, la recaudación. En sentido contrario, un déficit comercial estructural con baja elasticidad exportadora —como el que Colombia ha enfrentado históricamente— contribuye a una menor generación de ingresos tributarios, mayores desequilibrios fiscales y mayor exposición a vulnerabilidades externas.
En ese contexto, Estados Unidos representa una pieza clave del engranaje fiscal por su magnitud dentro de la balanza comercial colombiana y por la naturaleza de los bienes transados y el valor agregado que estos incorporan.
En 2024, las exportaciones hacia EE. UU. representaron el 29 % del total nacional, y casi el 38 % de toda la oferta exportadora. Pero es más revelador aún: Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones no minero-energéticas (NME), con productos de mayor complejidad y densidad tecnológica, cuyo encadenamiento productivo impacta positivamente en el empleo formal, la productividad sectorial y, por ende, la tributación.
Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio (TLC) en 2012, Colombia ha logrado una transformación significativa en su canasta exportadora hacia EE. UU. Si bien las exportaciones minero-energéticas aún concentran el 51 % del total, su participación ha venido cayendo a partir del 2014, dando paso a un auge de las exportaciones NME.
En 2024, este segmento alcanzó 6.950 millones de dólares, destacando manufacturas livianas (aluminio, vidrio, puertas), agroindustria (café, rosas, frutas procesadas) y pesca. Estos sectores, a diferencia del extractivo, tienen una mayor capacidad de generar valor interno, encadenamientos industriales y empleo con aportes sustanciales a impuestos como renta, IVA y parafiscales.
Desde la óptica fiscal, esta transición es fundamental: la alta volatilidad de los ingresos por exportaciones minero-energéticas genera fuertes asimetrías temporales en la recaudación y desajustes presupuestarios. En contraste, los sectores no tradicionales presentan ciclos más estables y permiten una planificación fiscal más robusta. Además, contribuyen a reducir la presión sobre el gasto público inducido por subsidios al desempleo o transferencias compensatorias en regiones extractivas vulnerables a choques de precios.
El efecto multiplicador de estos sectores se refleja también en la tributación indirecta. Por ejemplo, el dinamismo de la floricultura —cuyo 80% de exportaciones tiene como destino EE. UU.— incide en el crecimiento de la demanda interna de insumos, transporte, servicios logísticos y tecnologías de producción, todos ellos sujetos a tributación directa e indirecta.
En el otro extremo de la balanza, las importaciones desde Estados Unidos han jugado un papel complejo. Durante los primeros años del TLC, Colombia mantuvo un superávit comercial, pero desde 2014 el valor de las importaciones superó el de las exportaciones, generando déficits estructurales en el comercio bilateral. Sin embargo, muchas de estas importaciones —como maquinaria industrial, insumos agrícolas, tecnología y aeronaves— han servido como catalizadores de productividad, especialmente en sectores que hoy lideran la agenda de reindustrialización.
Desde la perspectiva fiscal, el impacto de las importaciones es ambivalente. Por un lado, generan ingresos aduaneros (aranceles, IVA de importación), que representan una proporción relevante de los recaudos tributarios nacionales no petroleros. Por otro lado, si estas importaciones desplazan la producción nacional en sectores con bajo dinamismo, pueden erosionar la base tributaria interna y amplificar los déficits fiscales, especialmente en regiones dependientes de industrias vulnerables a la competencia externa.
La clave está en orientar estratégicamente la composición de las importaciones desde EE. UU. hacia bienes de capital y tecnología que refuercen la transformación productiva del país, lo que es, precisamente, una de las apuestas del CONPES de Reindustrialización aprobado a finales de 2023.
El Tratado de Libre Comercio con EE. UU. ha sido una herramienta funcional para la internacionalización del aparato productivo colombiano, pero su impacto sobre las finanzas públicas solo se ha comenzado a percibir con claridad tras más de una década de vigencia.
La expansión de subpartidas arancelarias exportadas (451 adicionales desde 2011) y el aumento del 30 % en el número de empresas exportadoras hacia EE. UU. en 2024 son indicadores de profundización comercial, pero también de ampliación de la base económica sobre la cual se sostiene el recaudo fiscal.
Los sectores que han logrado insertarse con éxito en el mercado estadounidense son, en su mayoría, los mismos que ahora el CONPES prioriza como motores de la reindustrialización: agroindustria, metalmecánica, alimentos procesados, farmacéuticos y químicos. Al sincronizar la agenda comercial con la industrial, el país puede avanzar hacia una convergencia virtuosa entre comercio, desarrollo productivo y sostenibilidad fiscal.
Además, la imposición reciente de un arancel adicional del 10 % por parte de EE. UU. a ciertos productos colombianos pone de manifiesto la fragilidad del modelo comercial basado en acceso preferencial. A nivel fiscal, este tipo de medidas puede tener impactos inmediatos sobre la balanza comercial, la recaudación de impuestos sectoriales y la inversión en zonas exportadoras. Un menor volumen de exportaciones impacta el IVA y la renta de las empresas exportadoras, así como los ingresos laborales y parafiscales vinculados al sector.
Más preocupante aún es la competencia asimétrica que plantea el T-MEC, que otorga a México un acceso amplio al mercado estadounidense. Esto puede traducirse en un desplazamiento de productos colombianos en rubros como manufacturas livianas y agroindustria, generando efectos contractivos en el aparato productivo nacional con causas negativas sobre la recaudación y el empleo formal.
Uno de los componentes menos visibles, pero más determinantes en la relación bilateral, es la inversión extranjera directa. En 2024, la IED desde Estados Unidos alcanzó los 5.508 millones de dólares, consolidando un patrón de crecimiento sostenido a partir de 1994. Esta financiación dinamiza sectores clave y genera ingresos fiscales por utilidades empresariales, retenciones y pagos laborales formales.
Además, la IED se convierte en un vehículo indirecto para fortalecer el balance fiscal a través de la formalización, la transferencia tecnológica y la creación de empleo de calidad, factores que expanden la base tributaria estructural del país.
Ante este panorama, el documento CONPES “Política Nacional de Reindustrialización” es una apuesta explícita del Gobierno por ampliar la sofisticación productiva, cerrar brechas tecnológicas y mejorar el acceso al financiamiento e infraestructura.
Aunque su foco es sectorial y territorial, sus implicaciones macrofiscales son evidentes: el hecho de que buena parte de los sectores priorizados por el CONPES ya hayan ganado participación en el mercado estadounidense confirma que una agenda comercial complementada con una política industrial activa puede traducirse en mayor resiliencia macroeconómica y sostenibilidad fiscal.
Estados Unidos seguirá siendo, en el corto y mediano plazo, el socio comercial más influyente de Colombia. Sin embargo, más allá de los volúmenes de intercambio, lo que determinará su efecto sobre las finanzas públicas será la capacidad del país de posicionar productos con mayor valor agregado, estabilidad en la demanda y generación intensiva de empleo formal.
La experiencia del TLC y los avances del CONPES de Reindustrialización muestran que es posible convertir la balanza comercial en un instrumento estratégico de política fiscal. No obstante, Colombia debe profundizar su agenda de diversificación, proteger sectores estratégicos frente al proteccionismo externo, atraer inversión productiva y cerrar brechas de productividad que hoy limitan su potencial exportador.
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Fuentes:
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