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Implementación del Mecanismo Único de Validación (MUV) en Colombia.

¿Cómo ha sido la implementación del MUV en el sector de la salud?

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Escrito por:

Equipo editorial Capital Inteligente

Actualidad | 17 jun 2025

Lectura de 5 min

La digitalización del sector salud avanza con el MUV, un sistema que mejora trazabilidad, eficiencia y control de riesgos. Descubre cómo impacta a prestadores, pagadores y pacientes. Lee el artículo y conoce sus implicaciones clave.

La transformación digital del sistema de salud colombiano ha avanzado de forma progresiva, pero en 2024 dio un giro decisivo con la implementación del Mecanismo Único de Validación (MUV).

Este mecanismo, que articula la Factura Electrónica de Venta (FEV) en salud con el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), promete mejorar la transparencia, trazabilidad y eficiencia financiera del sistema. Sin embargo, su aplicación ha desatado tensiones dentro del sector, sobre todo entre prestadores de servicios, gremios científicos y profesionales de la salud, ante varios riesgos operativos, jurídicos y constitucionales.

El MUV es una plataforma centralizada que organiza y valida electrónicamente los datos relacionados con los servicios prestados en salud. Su eje es el proceso unificado de recepción, validación y emisión de un Código Único de Validación (CUV) que garantiza que la información sea precisa, se procese en tiempo real y se convierta en un requisito para que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) puedan radicar sus cuentas ante las Entidades Responsables de Pago (ERP) o cualquier otro pagador del sistema.

Esta iniciativa hace parte de la apuesta del Ministerio de Salud por una mayor gobernanza y control de los recursos públicos en salud. Bajo esta lógica, el MUV se convierte en una herramienta para que las decisiones en política pública se basen en información validada y actualizada permanentemente, 24 horas al día, 7 días a la semana.

El MUV en operación: fases, fechas y primeros resultados

El Ministerio de Salud estructuró la implementación del MUV en fases progresivas, diferenciando a los prestadores según su nivel de complejidad. Desde octubre de 2024, las IPS de alta complejidad comenzaron a reportar bajo este nuevo esquema, con un plazo hasta febrero de 2025 para completar la adopción. Luego, en febrero de 2025, se sumaron las IPS de mediana complejidad, mientras que en abril de 2025 entraron en operación las de baja complejidad y otros actores obligados a reportar el RIPS.

Durante los primeros días de operación del sistema, se validaron más de 240.000 facturas emitidas por 367 prestadores de alta complejidad, generando transacciones que superaron los $198.000 millones, según cifras consolidadas del Ministerio de Salud. Esto evidencia un nivel significativo de avance técnico, aunque no necesariamente exento de tensiones ni de desafíos operativos.

Foto de un médico hablando con una paciente menor de edad y sus padres.

Ventajas, riesgos y advertencias ante modificaciones en sector salud

Desde una perspectiva técnico-administrativa, los beneficios del MUV muestran una unificación de la información del RIPS con su correspondiente FEV, permitiendo una visión integral del acto médico y su facturación. Esta articulación reduce inconsistencias, elimina reprocesos y asegura que la información esté centralizada, verificada y lista para ser auditada electrónicamente.

Uno de los beneficios más importantes promete ser la disponibilidad en tiempo real de los datos. Esto significa que tanto las autoridades como los pagadores pueden monitorear los servicios y los flujos financieros con total trazabilidad, un factor clave en un sistema que tradicionalmente ha enfrentado retrasos, glosas, y opacidad en los pagos a los prestadores.

El MUV también apunta a mejorar la capacidad de fiscalización del Estado, al permitir identificar patrones irregulares, evitar dobles cobros y optimizar la asignación de recursos según demanda real de servicios. Además, agiliza la radicación ante las ERP, al hacer obligatorio el uso del CUV para el reconocimiento económico de los servicios, lo que puede reducir significativamente los tiempos de pago si se mantiene una operación estable del sistema.

Sin embargo, el despliegue del MUV no ha estado exento de controversias. Las sociedades científicas agrupadas en la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas (ACSC) han sido enfáticas en señalar que la Resolución 2275 de 2023, base normativa del MUV, presenta vacíos legales, deficiencias técnicas y riesgos en la protección de derechos fundamentales, como la confidencialidad de la historia clínica.

El principal cuestionamiento es que la implementación de este mecanismo no contó con el concepto previo favorable del Departamento Administrativo de la Función Pública, como exige la normativa sobre creación de trámites administrativos. Esta omisión podría invalidar jurídicamente la resolución, generando un riesgo de demandas y acciones de nulidad que afecten la seguridad jurídica del sector.

Además, el gremio médico advierte que, en la práctica, el MUV introduce un proceso de auditoría previa a los pagos, lo cual contraviene expresamente las normas que prohíben dicha práctica en el sistema de salud. Este nuevo esquema puede dificultar, y no agilizar, el flujo de pagos, afectando especialmente a prestadores independientes que no cuentan con la infraestructura ni los recursos técnicos para ajustarse rápidamente al sistema.

Otra preocupación clave tiene que ver con la protección de datos sensibles, en particular, la confidencialidad de la historia clínica. La centralización digital de esta información bajo una plataforma del Ministerio, sin contar con garantías robustas de ciberseguridad ni protocolos de acceso restringido, puede vulnerar el derecho constitucional a la intimidad de los pacientes y abrir la puerta a usos indebidos o filtraciones.

IPS de alta complejidad: avances, lecciones y dificultades

Las IPS de alta complejidad fueron las primeras en adoptar el MUV y, en muchos casos, han logrado adaptarse con relativa eficiencia, gracias a que ya contaban con sistemas de información robustos y personal especializado en gestión digital. Esto les ha permitido cumplir con los requisitos de interoperabilidad y validación sin comprometer sus procesos clínicos ni administrativos.

No obstante, se han reportado interrupciones temporales en la validación de facturas, dificultades para generar el CUV en tiempo real, y reprocesos que aumentan los costos operativos, especialmente en instituciones que atienden altos volúmenes de pacientes. Estos problemas, aunque en parte superables, evidencian la necesidad de una infraestructura tecnológica sólida y un soporte continuo del Ministerio para garantizar la sostenibilidad del modelo.

Foto de un paciente pidiendo una cita médica con una auxiliar de oficina.

Las experiencias de estas instituciones también dejan lecciones importantes para los prestadores de mediana y baja complejidad, que enfrentarán mayores obstáculos por la falta de digitalización, el desconocimiento técnico y la ausencia de recursos para migrar al sistema. En este sentido, se requiere una estrategia de acompañamiento intensivo por parte del Ministerio para evitar que la implementación del MUV profundice las brechas entre prestadores y ponga en riesgo su viabilidad financiera.

¿Una herramienta para la sostenibilidad financiera?

En su concepción original, el MUV pretende ser una herramienta de sostenibilidad financiera del complejo sistema de salud colombiano. Al mejorar la calidad y oportunidad de la información, el modelo busca reducir los costos de auditoría, evitar pagos indebidos, y acelerar la disponibilidad de recursos para quienes verdaderamente prestan los servicios.

Además, el acceso a datos integrados y validados puede facilitar la formulación de políticas públicas basadas en evidencia, lo cual es clave para enfrentar desafíos estructurales como el envejecimiento poblacional, el aumento de enfermedades crónicas y la cobertura en zonas rurales.

No obstante, si no se atienden los riesgos jurídicos y técnicos señalados por los gremios médicos, el MUV podría convertirse en una carga adicional para los prestadores y un foco de conflicto normativo, en lugar de una solución.

Por ello, la estrategia estará en garantizar transparencia, legalidad y gradualidad en su implementación, priorizando la protección de los derechos de los usuarios y la estabilidad de los prestadores.

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Fuentes:

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