Equipo editorial Capital Inteligente
La IA optimiza procesos, automatiza tareas rutinarias y analiza grandes volúmenes de datos en el sector público, mejorando la eficiencia y permitiendo una toma de decisiones más ágil y basada en evidencia. Conoce aquí los beneficios y desafíos en Colombia.
La inteligencia artificial (IA) y el machine learning han dejado de ser tecnologías emergentes para convertirse en herramientas estratégicas de gestión en distintos sectores económicos y sociales. En el ámbito público, su potencial es aún más relevante, dado que permiten a los estados mejorar la eficiencia de sus operaciones, fortalecer la toma de decisiones, anticipar riesgos y optimizar el uso de recursos en un contexto de creciente demanda ciudadana por servicios más ágiles, transparentes y efectivos.
Ante este contexto, Colombia se encuentra en una coyuntura clave: mientras avanza en la formulación de marcos normativos y políticas nacionales sobre IA, enfrenta el reto de consolidar aplicaciones prácticas que generen resultados tangibles en los territorios.
El contexto actual, atravesado por debates como la nueva ley de financiamiento del Gobierno y la necesidad de incrementar el recaudo tributario, convierte a la IA en un aliado natural para la sostenibilidad fiscal y la gobernanza pública.
Por ello, es clave revisar algunos avances tangibles de la IA y el machine learning en el sector público colombiano, con un enfoque estratégico y práctico que combina la visión de políticas nacionales, los avances de entidades territoriales y la experiencia internacional, resaltando cómo estas tecnologías pueden convertirse en motores de modernización estatal.
Colombia ha logrado avances significativos en la estructuración de una política pública alrededor de la IA. La aprobación del Conpes 4144 de 2022, que establece la Política Nacional de Inteligencia Artificial, constituye un hito porque traza objetivos concretos en torno a la adopción ética y responsable de la IA en distintos sectores, incluido el público. Este documento se complementa con el Conpes 3975 de 2019, que define la Política Nacional para la Transformación Digital e Inteligencia Artificial y la Hoja de Ruta Nacional de IA desarrollada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que actúa como mapa estratégico de implementación.
Por otro lado, a nivel internacional, Colombia ha mostrado liderazgo al participar en la Declaración de Cartagena de Indias sobre la gobernanza de la IA en América Latina y el Caribe, un acuerdo regional que busca fomentar estándares comunes y cooperación en materia de ética, transparencia y derechos humanos frente al uso de estas tecnologías.
De igual forma, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) puso en marcha un Sandbox regulatorio para la realización de pruebas de innovaciones tecnológicas y financieras, que requieran una dispensa normativa respecto de alguna instrucción emitida por la SFC.
Estos avances ubican al país en una posición intermedia en la región: no es pionero absoluto como Brasil o Chile, que ya tienen instancias regulatorias consolidadas y fuertes inversiones en infraestructura, pero sí ha sentado bases sólidas que permiten pasar del diseño de políticas a la ejecución de proyectos de impacto en los territorios.
De esta manera, los beneficios de la inteligencia artificial y el machine learning en el sector público colombiano pueden agruparse en tres grandes dimensiones:
Eficiencia operativa
Fortalecimiento de la toma de decisiones
Creación de valor público mediante transparencia y confianza ciudadana
La IA permite reducir costos, optimizar procesos y liberar recursos humanos para tareas de mayor valor agregado. En Colombia, varios municipios han iniciado pilotos de automatización de trámites, reduciendo tiempos de respuesta en procesos como la expedición de certificados, la gestión de impuestos locales o la atención ciudadana.
Un caso representativo es el de Medellín, donde la Alcaldía, en colaboración con Ruta N, ha explorado el uso de algoritmos para analizar patrones de movilidad y tráfico, lo que permite ajustar en tiempo real los semáforos y mejorar la eficiencia del transporte público. Por otro lado, en Bogotá, el uso de big data ha fortalecido la focalización de subsidios en sectores vulnerables, mejorando la asignación de recursos sociales.
Estos ejemplos muestran que la eficiencia va más allá de un asunto meramente financiero: la reducción de tiempos y costos se traduce en una mejora directa en la calidad del servicio al ciudadano.
El machine learning ofrece la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos y generar predicciones precisas. En el sector público, esto significa diseñar políticas basadas en evidencia y no únicamente en intuiciones o presiones coyunturales.
En el ámbito fiscal, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha comenzado a explorar herramientas de analítica avanzada para identificar patrones de evasión y elusión tributaria. La IA puede clasificar contribuyentes según riesgos, optimizar auditorías y proyectar el impacto de cambios normativos, como los contemplados en la nueva ley de financiamiento.
Experiencias internacionales, como la de la Hacienda Pública en España o la Agencia Tributaria en Dinamarca, demuestran que el uso de IA puede incrementar el recaudo en hasta un 15 % sin aumentar impuestos, simplemente cerrando brechas de evasión.
En salud pública, modelos predictivos ya se utilizan para anticipar brotes epidemiológicos. Durante la pandemia, Colombia aplicó sistemas de analítica en tiempo real para gestionar la ocupación hospitalaria y prever picos de contagio, lo que evidenció la utilidad de estas tecnologías en crisis sanitarias.
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Un estudio de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE) de España sobre los beneficios de la IA subraya que estas tecnologías incrementan la legitimidad de los gobiernos al ofrecer servicios más personalizados, oportunos y transparentes. En Colombia, esto se traduce en plataformas de atención ciudadana que integran asistentes virtuales, sistemas de información abiertos y analítica de datos para medir la satisfacción de los usuarios.
Múltiples municipios han implementado chatbots en sus portales de servicios para orientar al ciudadano en trámites básicos, lo que reduce filas presenciales y mejora la percepción de eficiencia institucional. A largo plazo, la personalización de servicios y la reducción de cargas burocráticas fortalecen la confianza de la ciudadanía en el Estado.
En este sentido, destaca la iniciativa MUNIA, una plataforma digital pionera, creada para facilitar y acelerar la adopción de soluciones de IA en la gestión pública de los municipios de Colombia. Esta nace como una iniciativa estratégica de la Federación Colombiana de Municipios (FCM), en colaboración con Finnovating, expertos internacionales en IA e innovación, y Dibanka, empresa líder en soluciones tecnológicas para la modernización del sector público.
La discusión sobre la nueva ley de financiamiento, la cual busca recaudar $26,3 billones, también pone en primer plano la necesidad de incrementar el recaudo tributario en Colombia. En este escenario, la IA ofrece soluciones que trascienden la mera modificación de tarifas o creación de nuevos impuestos.
Mediante algoritmos de machine learning, “la DIAN podría analizar información de múltiples fuentes —declaraciones tributarias, movimientos financieros, registros mercantiles, datos de consumo— para detectar inconsistencias y comportamientos sospechosos. Esto incrementaría el recaudo y reduciría la inequidad, al garantizar que quienes hoy evaden cumplan con sus obligaciones”, explica Mario López, experto en tributación de la Universidad de los Andes.
En paralelo, la IA permite simplificar los procesos de declaración y pago para los contribuyentes cumplidos, reduciendo la carga administrativa y mejorando la relación Estado-ciudadano. Así, el uso estratégico de estas herramientas podría generar un círculo virtuoso de mayor eficiencia recaudatoria, mejor percepción ciudadana y más recursos para la inversión social.
A pesar de los avances y casos de éxito, Colombia enfrenta retos importantes para escalar el uso de IA en el sector público, entre ellos se destacan cinco:
Brechas de talento: la falta de habilidades digitales en la fuerza laboral pública limita la capacidad de diseño, implementación y gestión de proyectos de IA.
Infraestructura tecnológica: se requieren centros de datos robustos, mayor capacidad de cómputo y conectividad de calidad, especialmente en regiones apartadas.
Costos de implementación: los municipios pequeños enfrentan restricciones presupuestales que dificultan el acceso a estas tecnologías.
Marco regulatorio: aunque existen avances, aún falta consolidar normas claras que garanticen ética, privacidad y seguridad en el uso de IA.
Resistencia cultural: algunos funcionarios perciben la IA como una amenaza a sus funciones, lo que dificulta la adopción plena.
Superar estos desafíos requiere un enfoque de política pública integral que combine inversión en infraestructura, programas de formación, alianzas público-privadas y un marco normativo claro.
Así, para maximizar los beneficios de la IA y el machine learning en el sector público, Colombia debería considerar las siguientes líneas de acción:
Formación y capacitación: crear programas especializados para funcionarios públicos en analítica de datos e IA, especialmente en entidades territoriales.
Pilotos escalables: incentivar proyectos piloto en municipios y departamentos, con potencial de ser replicados a nivel nacional.
Alianzas con el sector privado y la academia: fomentar esquemas de colaboración que permitan compartir infraestructura, conocimiento y talento.
Ética y transparencia: establecer protocolos claros de uso de datos y algoritmos para garantizar la confianza ciudadana.
Incentivos financieros: habilitar líneas de crédito o fondos especiales para que entidades territoriales accedan a estas tecnologías sin comprometer su estabilidad fiscal.
La inteligencia artificial y el machine learning ofrecen a Colombia una oportunidad única para redefinir la gestión pública y construir un Estado más eficiente, transparente y cercano al ciudadano. Los avances normativos, las hojas de ruta estratégicas y los casos pioneros en entidades territoriales demuestran que el país ha iniciado el camino, pero los retos de infraestructura, talento y regulación exigen un esfuerzo coordinado y sostenido.
En un momento marcado por la urgencia de aumentar el recaudo tributario y responder a crecientes demandas sociales, la IA debe ser vista como una herramienta complementaria y un eje central de la modernización estatal. La experiencia internacional confirma que su adopción genera beneficios tangibles en la eficiencia, la transparencia y la legitimidad de los gobiernos.
Así, Colombia debe pasar de la fase de diseño de políticas y pilotos aislados a la consolidación de un modelo de gobernanza pública digital, en el que la IA mejore procesos internos y transforme de raíz la relación entre el Estado y la ciudadanía.
Fuentes:
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