Equipo editorial Capital Inteligente
Los esfuerzos del sector privado tuvieron una aceleración notable el año pasado. Descubre las 30 empresas que lideran la inversión social y ambiental privada en Colombia, y entérate cómo transforman comunidades y territorios de forma sostenible. Lee más.
En 2024, Colombia vivió un hito en la consolidación de la inversión privada como motor clave del desarrollo social y ambiental. Las 1.000 empresas más grandes del país destinaron una cifra récord de $19 billones a iniciativas orientadas a la transformación sostenible, revelando un crecimiento del 17 % frente al año anterior y confirmando que el compromiso corporativo con el entorno ya no es accesorio, sino central en las estrategias de negocio.
Este resultado, publicado en la novena edición del Índice de Inversión Social y Ambiental Privada (IISAP), elaborado anualmente por la firma Arteaga Latam, mide los avances del sector privado colombiano en términos de impacto y responsabilidad.
La magnitud del dato es amplia: de esos $19 billones, $9 billones se dirigieron a proyectos sociales y $10 billones a iniciativas ambientales, combinando tanto contribuciones voluntarias como obligatorias. Pero el trasfondo va mucho más allá de los montos. La inversión privada ha dejado de concebirse como filantropía o acciones caritativas dispersas, para transformarse en un enfoque estratégico, guiado por propósitos claros, indicadores de impacto y alianzas que amplifican los resultados.
Según Jaime Arteaga, director de Arteaga Latam y creador del IISAP, “el sector privado colombiano está entendiendo que su rol va más allá de generar utilidades: es un actor clave para la transformación sostenible del país”.
El ranking de las 30 empresas con mayor inversión social privada voluntaria, también publicado por el IISAP, refleja esa evolución. En la cima se destacan organizaciones como Colsubsidio, Ecopetrol, Colanta, Organización Corona, Bavaria y Grupo Nutresa, que han consolidado modelos de inversión alineados con el desarrollo territorial, la sostenibilidad ambiental y la construcción de reputación en las regiones donde operan.
En la lista también figuran multinacionales como Drummond, MSD, Enel Colombia, Claro y Hocol, lo que demuestra que el compromiso no se restringe a empresas nacionales, sino también a compañías internacionales con operaciones en nuestro país.
Cabe mencionar que el listado IISAP no mide únicamente la magnitud del gasto, sino también su orientación voluntaria y un posible impacto sobre algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Lo que se reconoce aquí es la capacidad de las compañías para articular sus recursos en función del bienestar colectivo, involucrando comunidades, gobiernos locales y organizaciones sociales en el diseño e implementación de sus programas.
En esa lógica, las iniciativas se concentran en frentes críticos como el desarrollo socioeconómico (16,7 % del total de la inversión social), infraestructura (13,3 %), desarrollo rural (13,1 %), educación e investigación (12,6 %) y salud (8,5 %)
En el ámbito ambiental, los esfuerzos del sector privado también experimentaron una aceleración notable. Con un crecimiento del 25 % respecto a 2023, la inversión ambiental alcanzó los $10 billones, reflejando una tendencia de madurez en la gestión climática, circularidad y uso eficiente de recursos.
Según el IISAP, los focos principales de esa inversión fueron la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (21 % de las iniciativas), manejo de residuos y materiales (18 %), gestión del agua (11 %), energía (10 %) y protección de bosques (5 %). Estos datos reflejan una visión cada vez más integral, donde las empresas actúan no solo para compensar su huella, sino también para generar transformaciones estructurales en los territorios.
Por otro lado, la inclusión de compañías como EPM, Alquería, Ingenio Providencia, Cementos Argos, Organización Carvajal, Postobón, Amarilo, Constructora Capital y Riopaila Castilla, evidencia que esta lógica de inversión social y ambiental voluntaria ha calado en sectores diversos: energía, agroindustria, vivienda, banca, manufactura, tecnología, infraestructura y alimentos. No se trata de un fenómeno aislado ni exclusivo de ciertas industrias: lo social y lo ambiental se han convertido en pilares transversales del modelo empresarial contemporáneo en Colombia.
Este tipo de mediciones que las buenas prácticas escalen, se repliquen y generen aprendizajes comunes. También ponen sobre la mesa las tensiones que aún existen:
Necesidad de superar el asistencialismo.
Mejorar la medición del impacto.
Evitar la dispersión de esfuerzos.
Asegurar la coherencia entre los negocios principales de las empresas y sus programas de sostenibilidad.
La gran apuesta es consolidar un modelo de sinergia público-privada, en el que los esfuerzos del sector privado complementen y potencien las políticas públicas, especialmente en territorios donde el Estado tiene baja presencia o capacidad de ejecución.
La confianza en que las empresas pueden liderar procesos de cambio sistémico se ve reforzada por el hecho de que muchas de las que encabezan el ranking del IISAP también destacan en otras mediciones de sostenibilidad, reputación e innovación.
“Esto sugiere que la inversión social y ambiental no es un gasto que compromete la rentabilidad, sino una apuesta estratégica que genera valor reputacional, fortalece relaciones con los grupos de interés y abre nuevas oportunidades de negocio, especialmente en un entorno global donde los criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) son cada vez más determinantes”.
A medida que se profundiza la descentralización de la inversión, las regiones se convierten en el nuevo epicentro de impacto. Muchas de las empresas del listado tienen fuerte presencia fuera de Bogotá y Medellín, lo que ha llevado a la expansión de proyectos de educación rural, acceso a agua potable, infraestructura comunitaria, agricultura sostenible, restauración ambiental y promoción de emprendimientos locales.
Esto implica que las alianzas público-privadas regionales —cuando se hacen con claridad de propósito y compromiso mutuo— pueden generar efectos transformadores sostenibles en el tiempo.
De esta manera, el IISAP 2025 muestra un avance en términos de inversión y como el sector privado colombiano entiende su papel en la sociedad. La inversión social y ambiental ya no es un anexo de la responsabilidad corporativa, sino un instrumento central de competitividad, legitimidad y permanencia en un entorno complejo y exigente.
Así, a futuro, el reto será consolidar esta tendencia con mayor articulación institucional, mejor medición de impacto y más innovación colaborativa, basada en el valor compartido y la corresponsabilidad por el desarrollo del país.
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Fuentes:
IISP 2025: https://www.iisp.com.co/
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