Bancolombia
Las obras por impuestos se han convertido en un mecanismo que potencializa el desarrollo social en zonas de especial vulnerabilidad en Colombia. Te contamos cómo funcionan y cuáles son los avances en el país.
En un país como Colombia donde las necesidades sociales y de infraestructura ofrecen oportunidades de incursión permanente, las obras por impuestos se han convertido en una herramienta para canalizar recursos privados hacia proyectos de inversión pública, generando un impacto significativo en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, pero que aún tiene bastante potencial por conocer y explorar. El mecanismo de obras por impuestos es una modalidad de inversión social establecida en la Ley 1819 de 2016, que permite a las empresas contribuyentes destinar una porción de sus impuestos de renta a la financiación de proyectos específicos de interés social. Estas obras se desarrollan en zonas como los municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y en las Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado (ZOMAC) que son aquellas que han sido golpeadas por la violencia en Colombia y en las que se busca acelerar crecimiento, desarrollo y progreso. De esta forma se busca transformar esos territorios a través de recursos y la inversión privada que pueden realizar muchas empresas en el país. Lo que hace el Estado a través de la Agencia de Renovación del Territorio (ART), es calificar los proyectos que pueden hacer los contribuyentes o las entidades territoriales que están situadas allí en un banco de proyectos habilitado por la entidad. Estos pueden abarcar áreas fundamentales como vivienda, infraestructura, educación, salud, deporte, cultura, agua potable y saneamiento básico.
Así, para 2023, un total de 69 empresas se unieron con uno o más proyectos para financiarlos en 170 zonas PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) para un total de 40 proyectos con una financiación conjunta de $296.289 millones. De igual manera, para los municipios que hacen parte de las ZOMAC (Zonas Más Afectadas por el Conflicto Armado) fueron aprobados 37 proyectos con una financiación de $218.501 millones, de acuerdo con datos de la ART, sumando más de $520.000 millones para estas iniciativas este año.
Su materialización implica una estrecha colaboración entre las empresas, los entes territoriales (alcaldías y gobernaciones) y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. A grandes rasgos, el proceso se desarrolla de la siguiente manera:
Presentación y revisión de iniciativas: los entes territoriales son responsables de identificar proyectos de inversión pública que aborden necesidades locales y regionales prioritarias. Estos proyectos deben estar enmarcados en las áreas definidas por la legislación.
Estructuración, registro y aprobación: una vez identificados, los proyectos son presentados al Ministerio de Hacienda para su revisión y aprobación. Es fundamental que los proyectos sean técnicamente viables y estén alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Selección de empresas y aprobación por la ART: las empresas interesadas en participar en obras por impuestos deben manifestar su interés por invertir en uno o varios proyectos previamente aprobados. Para ello, se lleva a cabo un proceso de selección y asignación, garantizando la transparencia y la igualdad de oportunidades para todas las empresas interesadas.
Constitución de fiducia, inversión y ejecución: una vez seleccionadas, las empresas invierten parte de su impuesto de renta en los proyectos elegidos. Los entes territoriales son los responsables de la ejecución y supervisión de las obras, asegurando la correcta utilización de los recursos y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Seguimiento y ejecución del proyecto: una vez concluidas las obras, se evalúa su impacto social y económico en la comunidad. Se realiza un seguimiento para verificar que los beneficios esperados se estén materializando y se continúa fortaleciendo la alianza entre el sector público y privado para futuras iniciativas.
Así mismo, se pueden materializar mediante la opción fiducia o convenio de la siguiente manera:
Mauricio Marín, presidente de Fiduprevisora, entidad que administra cerca del 92 % del total de recursos que se destinan actualmente en obras por impuestos en Colombia, explicó que, si bien se piensa que esta es una herramienta para grandes empresas, lo cierto es que también hay oportunidades para pymes y emprendimientos, pues se pueden dar asociaciones entre varias para materializar una iniciativa. “El llamado que estamos haciendo es que miren este instrumento que tenemos para poder cumplir con la responsabilidad social corporativa y, a la vez, construir país. Son empresas medianas o grandes que pueden unirse a este mecanismo”, mencionó Marín.
El propósito central de obras por impuestos es fomentar la participación del sector privado en la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Al permitir que las empresas destinen una parte de sus impuestos a proyectos de desarrollo social, se promueve una gestión más eficiente y transparente de los recursos públicos. Las empresas que se vinculan a algún proyecto pueden pagar hasta el 50 % de su impuesto de renta con obras en las regiones que hayan sufrido violencia, pobreza, economías ilícitas o debilidad institucional. Esto se puede a través de dos modalidades:
Además, esta iniciativa brinda una oportunidad única para que las empresas se involucren de manera significativa en el bienestar de las comunidades donde operan, fortaleciendo su vínculo con la sociedad y generando un impacto positivo en su reputación corporativa. Así, hay 281 municipios distribuidos en los siguientes departamentos del país para poder ejecutar las iniciativas:
Para las comunidades y regiones, el mecanismo de obras por impuestos representa una opción de ver cristalizados proyectos que, de otra manera, podrían quedar relegados debido a la falta de recursos públicos suficientes.
Entre los proyectos recientes con alto impacto social en Colombia a través de obras por impuestos se encuentran las inversiones viales para mejorar la conectividad de Dabeiba (Antioquia) a las que se han sumado Fiduciaria Bancolombia (filial del Grupo Bancolombia), Grupo Argos, Grupo Nutresa, Grupo Bios, Cementos Argos, Celsia, Sura, Arquitectura y Concreto, Microplast y Alternativa de Moda con recursos por $24.000 millones. Las inversiones incluyen un puente y un tramo de la vía para conectar la cabecera municipal de Dabeiba con el corregimiento de Camparrusia y facilitar la conexión con el desarrollo vial de cuarta generación que se adelanta en el occidente antioqueño con la región de Urabá. Este territorio se ha visto afectado históricamente por la violencia, así como por efectos de la ola invernal en Colombia. Además, el proyecto hizo posible la creación de la Mesa de obras por impuestos, liderada por Bancolombia, Grupo Argos y Proantioquia, en la que están participando más de 25 empresas, y que a partir de 2023 destinará más de $60.000 millones de sus impuestos a proyectos que representen desarrollo en los territorios. Al respecto, Jorge Mario Velásquez, presidente de Grupo Argos explicó que “tenemos un firme compromiso con el mecanismo de obras por impuestos, lo que nos ha llevado a ejecutar más de $108.000 millones en los últimos cuatro años. Consideramos que este es un instrumento muy relevante para aportar al desarrollo y progreso de los territorios donde operamos en beneficio de los más necesitados”.
Otro de los grupos con impacto en estas iniciativas es el Grupo Ecopetrol que ejecutará este año 27 proyectos (15 por Hocol, 6 por Ecopetrol S.A.; 3 por Cenit, y uno por cada una de las filiales Oleoducto Bicentenario, ISA y Esenttia) con una inversión de $167.000 millones que reúnen principalmente la mejora, pavimentación y mantenimiento de 51,5 kilómetros de vías terciarias y urbanas, la dotación para más de 660 sedes educativas con mobiliario, tecnología digital y fortalecimiento cultural y recreativo.
Las obras serán realizadas en los departamentos de Antioquia, Arauca, Bolívar, Boyacá, Casanare, Cesar, La Guajira, Meta, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.
“Este año se atienden necesidades en infraestructura vial, educación y transición energética, lo que nos permitirá llegar a las comunidades con energías limpias y sostenibles, y a la vez aportar al objetivo de acelerar la transición energética y la construcción de la paz territorial”, dijo Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol.
A pesar de los innegables beneficios del mecanismo de obras por impuestos, también existen desafíos a superar. La identificación de proyectos adecuados y la garantía de una correcta ejecución y seguimiento requieren una gestión eficiente por parte de las autoridades y la colaboración activa de las empresas. Además, es esencial que el mecanismo se mantenga actualizado y adaptado a las necesidades cambiantes de la sociedad y el entorno empresarial.
En cuanto a las perspectivas, el potencial de crecimiento y expansión del mecanismo es prometedor. Con una mayor participación del sector privado y una gestión efectiva por parte de los entes territoriales, se puede lograr un mayor alcance y diversidad en los proyectos financiados, abarcando áreas cada vez más relevantes para el desarrollo sostenible.
Fuentes:
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Antes las alzas en el precio de la energía eléctrica en Colombia, a finales de 2022 se firmó el Pacto por la Justicia Tarifaria para ayudar a los altos costos.
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