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En un contexto de desafíos ambientales y sociales, la importancia de la infraestructura sostenible se hace cada vez más evidente. A nivel global, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que se requieren inversiones anuales (y hasta 2030) en infraestructura de 6.3 trillones USD para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales se incrementan a 6.9 trillones USD anuales con el propósito de alinear estas inversiones con las metas del Acuerdo de París. Esta necesidad supone una oportunidad de desarrollo y de negocio para todos los actores del sector con el propósito de lograr una transición hacia la infraestructura sostenible. De acuerdo con la definición del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP, por sus siglas en inglés), la infraestructura sostenible supone que los sistemas constructivos se planeen, diseñen, construyan, operen y desmantelen bajo consideraciones económicas, sociales y ambientales (incluidas aquellas de resiliencia climática).
En el marco de los compromisos adquiridos por Colombia bajo los ODS, el Acuerdo de París y las metas trazadas como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), Colombia ha elaborado una hoja de ruta hacia la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la integración de la sostenibilidad en todos los sectores, incluyendo el sector de infraestructura. En este contexto, el país busca no solo optimizar la eficiencia de los proyectos, sino también fomentar la resiliencia ante los desafíos climáticos presentes y futuros. Con este propósito, el Departamento de Planeación Nacional expidió a finales de 2021 el documento CONPES 4060 de Infraestructura de Transporte Sostenible. En él se identificaron falencias y vacíos en la gestión ambiental y social de los proyectos de infraestructura. Entre ellos, se destacan:
La ausencia de una metodología para cuantificar en términos económicos los recursos ambientales afectados por el desarrollo de los proyectos.
La falta de incentivos para elevar los estándares de los proyectos en materia de sostenibilidad ambiental.
La falta de incorporación de principios para una economía baja en carbono.
La ausencia de lineamientos para el desarrollo de infraestructura verde.
La inexistencia de mecanismos de adaptación al cambio climático.
En el documento CONPES 4060 se introducen lineamientos innovadores en materia de política pública para las concesiones de Quinta Generación (5G o también denominadas del Bicentenario), con el fin de solucionar estas problemáticas en un periodo de implementación de 10 años. A la fecha, algunas de las líneas de acción planteadas en este documento ya han empezado a materializarse, las principales son:
Se estableció que la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) debía desarrollar, en conjunto con la banca multilateral, un documento con lineamientos de infraestructura verde para el cambio climático. Así, se publicó “Caja de Herramientas para la resiliencia Climática: las asociaciones público-privadas de transporte en Colombia”, allí se plasman recomendaciones sobre las mejores prácticas para el Gobierno en materia de sostenibilidad durante el ciclo de las APPs:
Evaluación inicial:
la entidad deberá evaluar la probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos y su impacto en el proyecto.
Estructuración:
se definen planes y estrategias para la mitigación de riesgos climáticos. Este punto es quizás el de mayor relevancia, ya que permitirá a los equipos del proyecto anticiparse a cualquier contingencia, evitarlo, minimizarlo o compensarlo a fin de evitar retrasos en el cronograma.
Transacción:
en la elección de la parte privada que implementará el proyecto, se deberá incluir la resiliencia climática como criterio para precalificar. El Gobierno podrá evaluar las propuestas considerando la calidad de los planes de mitigación de riesgos climáticos o de desastres.
Gestión del contrato:
durante este periodo, se asegura el cumplimiento de los acuerdos establecidos en el contrato de concesión y la gestión de riesgos climáticos. Históricamente, los eventos climáticos se entienden como fuerza mayor bajo los contratos de concesión. Sin embargo, teniendo en cuenta que dichos acontecimientos se han convertido en fenómenos cada vez más frecuentes, algunos riesgos específicos en esta materia se podrán asignar hasta cierto nivel a la parte privada.
Estas recomendaciones concretan y complementan los Lineamientos de Infraestructura Verde Vial para Colombia elaborados por el Ministerio de Transporte y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
En este apartado se instauró que la ANI incluiría en los contratos de concesión 5G estrategias y mecanismos innovadores para la atención temprana, mitigación y adaptación al cambio climático. En efecto, el contrato de concesión ya cuenta con herramientas contractuales que implementan este principio, tales como:
a.
Creación de la subcuenta de cambio climático:
tiene como propósito la financiación de inversiones de mitigación y adaptación al cambio climático dentro del proyecto. Bajo el contrato se prevé el reembolso de los gastos relacionados con estas inversiones, con lo cual se crea un incentivo para el concesionario de avanzar en la integración de este tema.
b.
Programa de aporte sostenible:
este programa se incluye dentro del apéndice ambiental del contrato de concesión, bajo el cual el concesionario deberá elaborar e implementar actividades de mitigación al cambio climático. Dentro de las actividades mínimas requeridas, se contempla, por ejemplo, la incorporación de indicadores de desempeño en el monitoreo de las unidades funcionales y desarrollo de un sistema georreferenciado de información y alertas tempranas de sectores vulnerables.
Lo anterior evidencia que el país ha tomado pasos decisivos por integrar los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático dentro de su agenda en materia de infraestructura. En la medida en que Colombia enfrente nuevos retos de urbanización, conectividad, crecimiento poblacional y desafíos ambientales, la implementación progresiva de principios de infraestructura sostenible asegurará la viabilidad a largo plazo del programa de concesiones del país.
Referencias
Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- (2022a). Contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 002 de 2022 – Parte General. Autopista Magdalena Medio. Disponible en: https://autopistamagdalenamedio.com.co/wp-content/uploads/2023/03/Contrato-Parte-General-Autopistas-Magdalena-Medio-SAS.pdf
Agencia Nacional de Infraestructura –ANI- (2022b). Contrato de concesión bajo el esquema de APP No. 002 de 2022 – Apéndice Técnico 6 Gestión Ambiental. Autopista Magdalena Medio. Disponible en: https://autopistamagdalenamedio.com.co/wp-content/uploads/2023/03/Apendice-Tecnico-6-Gestion-Ambiental-Autopistas-Magdalena-Medio-SAS.pdf
Banco Interamericano de Desarrollo -BID- (2022). Caja de herramientas para resiliencia climática: las asociaciones público- privadas de transporte en Colombia. BID. DOI: http://dx.doi.org/10.18235/0004558
Colombia. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; Ministerio de Transporte (2020). Lineamientos de Infraestructura Verde Vial para Colombia (LIVV). Gobierno de Colombia. Disponible en: https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/07/24.-Lineamientos-de-infraestructura-verde-vial-para-Colombia.pdf
Departamento de Planeación Nacional (2021). Documento CONPES 4060 de 2021. Disponible en: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4060.pdf
OCDE (2018). Financing Climate Futures. OCDE. Disponible en: https://www.oecd.org/environment/cc/climate-futures/policy-highlights-financing-climate-futures.pdf
UNEP (2023). Sustainable Infrastructure Investment. UNEP. Disponible en: https://www.unep.org/explore-topics/green-economy/what-we-do/sustainable-infrastructure-investment
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