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¿Quiénes deben declarar y pagar el Impuesto de Industria y Comercio (ICA)? ¿El tributo aplica de la misma forma para todos los municipios? ¿Qué base gravable y periodicidad se debe tener en cuenta? Conoce la respuesta aquí
Dentro de la canasta de obligaciones tributarias que deben asumir las empresas colombianas está el Impuesto de Industria y Comercio (ICA), que muchas veces genera dudas porque la forma de calcularlo y pagarlo es diferente en varios municipios y su liquidación depende de la naturaleza y ubicación de cada negocio. Aquí resolvemos las preguntas más comunes sobre este tributo. Para empezar, el ICA es un impuesto de carácter territorial que grava las actividades industriales, comerciales y de servicios realizadas en las jurisdicciones municipales. Este tributo está regulado, principalmente, por las siguientes normas:
Decreto 1333 de 1986.
Ley 14 de 1983.
Ley 1819 de 2016
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El ICA deben pagarlo tanto las personas jurídicas como naturales que realicen actividades industriales (fabricación y transformación), comerciales (compra y venta) y de servicios, según Juan Camilo Muñoz, Tax Salary Partner de la firma internacional de consultoría Russell Bedford. A cada tipo de contribuyente aplican condiciones particulares:
Industrias: declaran y pagan donde se encuentra su sede fabril, aunque comercialicen sus productos en otro municipio, pues se entiende que la comercialización de rtículos elaborados es la culminación de su trabajo y, por tanto, no causa el impuesto como actividad comercial.
Comercios: declaran y pagan donde esté ubicado el establecimiento de comercio o punto de venta. Si no cuentan con él, realizan el trámite en el lugar en el que se “perfeccione la venta”, es decir, donde hayan pactado el precio de sus productos y cosa vendida. Normalmente, el valor se establece en la sede administrativa del negocio y de él se deja un acta de negociación como prueba.
Servicios: declaran y pagan donde se preste el servicio.
Para realizar este trámite es necesario contar con el registro ante la Cámara de Comercio y el RIT (Registro de Información Tributaria). Por otro lado, aunque la factura electrónica no es competencia de los municipios, sino de la DIAN, es una prueba de los ingresos y gastos de los negocios, por lo que es importante tenerla en cuenta.
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¿Qué sucede cuando una empresa desarrolla varias actividades o tiene sedes en diferentes municipios? El Tax Salary Partner de Russell Bedford aclara que las compañías deben saber cuál regla o norma les aplica, según su situación particular:
Declaran y pagan por todos en general porque pertenecen a la misma sociedad. Declaran la totalidad en el municipio en el cual desarrollan su actividad y, en caso de que los ingresos correspondan a diferentes actividades, estos se calculan y tributan según la labor desarrollada.
En cada municipio, liquidan y pagan su impuesto considerando la actividad desarrollada y utilizando el formulario, que está unificado.
Sobre cada actividad tributan de forma independiente a través del mismo formulario y según la tarifa que aplique. [H3] Empresas con sede fabril en un municipio y actividad comercial en otro Lo relativo a productos fabricados se declara y paga donde esté la fábrica. No obstante, si la empresa realiza una actividad comercial debe regirse por lo mencionado arriba, es decir:
Si vende a través de un establecimiento de comercio o punto de venta, tributa donde este quede ubicado.
Si la comercialización se hace en un municipio, pero se perfecciona la venta en otro, tributa donde ocurra ese último evento.
El municipio que tiene derecho al impuesto es aquel desde donde se despacha la mercancía.
Declaran y pagan en el municipio donde se encuentra ubicada la sociedad que posee las inversiones.
Declaran y pagan en el municipio desde el cual se despacha el bien o persona.
Declaran y pagan en el municipio principal de los usuarios registrados en el contrato al momento de la suscripción o actualización de datos.
De acuerdo con Pedro Sarmiento, socio director de Tax and Legal de Crowe Colombia, “la Constitución Política otorga autonomía a los municipios para la administración y gestión de este impuesto, dentro de los marcos legales nacionales. El Artículo 343 del Estatuto Tributario establece las reglas de territorialidad para la causación del ICA”. En ese sentido, la base gravable y la tarifa determinan el pago del tributo.
La base gravable del ICA es el total de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente en el ejercicio de su actividad económica dentro del municipio, sin deducción de costos o gastos. Se le pueden aplicar descuentos como los correspondientes a las ganancias por venta de activos fijos, exportaciones o para terceros. Para calcular la base gravable, quienes distribuyen derivados del petróleo realizan actividades de seguro y reaseguro, agencias de publicidad, administradoras o corredoras de bienes inmuebles y empresas temporales, deben revisar normas especiales que aplican a su caso. Por otro lado, el Artículo 346 de la Ley 1819 de 2016 señala que los municipios pueden establecer un “Sistema preferencial del impuesto de industria y comercio” para los pequeños contribuyentes, de manera que su obligación frente al ICA se calcule en UVT (Unidad de Valor Tributario).
La tarifa mensual varía según el tipo de actividad económica y puede ser ajustada por cada municipio, siempre y cuando permanezca dentro de estos rangos: - Actividades industriales: 2 al 7 por mil. - Actividades comerciales y de servicios: 2 al 10 por mil.
El impuesto de industria y comercio, por regla general, tiene una periodicidad anual. Sin embargo, existen excepciones como el Decreto 1421 de 1993, que implementó un régimen especial para Bogotá, explica Nicolás Bustos, supervisor de Impuestos y Servicios Legales de Crowe Colombia.
En cada caso, aplican los principios constitucionales de gradualidad (se sanciona con menor rigor a quienes corrijan su comportamiento tributario), favorabilidad (prevalece la norma que disminuye las cargas tributarias al contribuyente) y proporcionalidad (coherencia entre la cuantía del impuesto y la capacidad económica del pagador).
Pero se debe recordar que las sanciones pueden ir desde un 10% del valor del impuesto, en caso de que la autoridad requiera al negocio de forma persuasiva, hasta un 100% del tributo no pagado. Por eso, vale más cumplir con la obligación a tiempo.
“Los ingresos por el ICA contribuyen al desarrollo de los municipios y a que todos podamos tener un crecimiento sostenible. Por consiguiente, en la medida en que se realice de forma debida este pago, cumplimos con el objeto social que es el progreso de nuestros territorios y mitigamos riesgos financieros”, concluye Juan Camilo Muñoz.
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