¿Cómo funciona la vinculación de la banca tradicional y las criptomonedas?

Desde 2021 la Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) viene llevando a cabo un experimento en la denominada Arenera, o Sandbox de la entidad, en el que siete plataformas de criptomonedas, en alianzas con siete bancos, realizaron unos pilotos para avanzar en la reglamentación que incluiría a estas exchanges (plataforma de intercambio de activos digitales) al sistema financiero colombiano.

Tras haberse publicado previamente un documento, estaría próxima a salir un nuevo borrador para comentarios de cómo funcionarían estas uniones en el país, y donde se hace referencia a los exchanges como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

¿Pero qué significa específicamente este paso? De acuerdo con Juliana Lagos, directora de Investigación, Innovación y Desarrollo de la Superfinanciera, lo primero que tiene que quedar claro es que “no se está cambiando la naturaleza de estos activos, ni tampoco los estamos habilitando como medio de pago. Solamente estamos regularizando una relación comercial que de cara a la función preventiva que emitimos en 2017”, dijo.

Puntualmente, en 2017, con la carta circular 52, la entidad advirtió sobre los potenciales riesgos asociados a las operaciones realizadas con monedas electrónicas, o criptomonedas, en los que se incluían cuestiones como la alta dificultad para la identificación de sus beneficiarios finales por ser operaciones pseudónimas.

Asimismo, se citaron consideraciones del Banco de la República, que establecían que ninguna moneda virtual, incluyendo el Bitcoin, serían reconocidas por la autoridad monetaria. Dicho esto, es importante aclarar que la nueva normativa no busca regular ni reconocer las criptomonedas como monedas oficiales en el país.

Entonces, ¿qué se va a permitir con las criptomonedas y los bancos?

Según el primer documento publicado para comentarios de la Superfinanciera, “el proyecto de norma está basado en los resultados del piloto en materia de operaciones de depósito y retiro con plataformas exchange mediante productos de depósito de entidades vigiladas, los cuales demostraron la posibilidad de gestionar riesgos inherentes a realización de operaciones con activos virtuales”.

Los resultados permitieron la vinculación de 4.800 clientes, que compraron mayoritariamente criptomonedas Bitcoin y Ether. Asimismo, el ticket promedio de cash in fue $360.000 y el de cash out de $250.000, a través de transferencias 100 % electrónicas para pagar la compra o venta de los criptoactivos.

“El gran reto era desmitificar la industria de los criptoactivos y en general de las criptomonedas ya que los bancos venían con ciertos mitos y preocupaciones y esto nos permitió abrir el espacio para que pudieran entender que el proceso de criptomonedas realmente cuenta con garantías, con trazabilidad, con buenas prácticas y gobierno corporativo”, comentó Alejandro Beltrán, country manager de Buda.com (sitio web enfocado a la compra y venta de criptomonedas en Sudamérica)

Además de la Superfinanciera, hubo otras entidades que también siguieron de cerca el proceso:

• Consejería Presidencial para Asuntos Económicos y de Transformación Digital.

• Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

• Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

• Banco de la República.

• Unidad de Regulación Financiera (URF).

• Superintendencia de Sociedades.

• Superintendencia de Industria y Comercio.

• Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

• Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).

Para el exchange Bitso, el Sandbox fue un esfuerzo muy importante que “nos permitió generar aprendizajes, crecimiento y retos, para poder entender mejor cómo se comporta el mercado en el país, cuáles son las necesidades reales de los colombianos y cómo podemos generar mayor valor, y de este modo avanzar a una regulación robusta”.

Con base es en los resultados, y en las tendencias internacionales, la Superfinanciera avanza en la definición de un marco normativo para las entidades vigiladas varios frentes. En primera instancia se busca generar definiciones de activos virtuales y vinculación de PSAV al sistema financiero, basándose en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Para los PSAV se establece que deberán cumplir con reportes a la (Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y al Banco de la República sobre su operación y que deben estar enmarcados en los lineamientos de GAFI; mientras que las entidades bancarias o vigiladas que les presten sus servicios a los PSAV deberán informar la naturaleza y alcance de los servicios que ofrecen.

“Este proyecto está construyendo las bases de lo que será la economía digital en el país en los próximos 10 o 15 años y Colombia será un referente del mundo blockchain en la región y permitirá generar grandes inversiones y empleos y, obviamente, la promoción de la economía digital del país”, aseguró Juan Pablo Salazar, director legal y de asuntos regulatorios de Ripio, un exchange que participó en los comentarios.

Condiciones para desarrollar las alianzas entre criptomonedas y bancos

• Acceso al sistema de reportes de la UIAF.

• Un sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiación del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva que atienda los lineamientos del GAFI.

• Condiciones tecnológicas y operativas para realizar la trazabilidad de las transacciones con activos virtuales.

• Capacidad para brindar a sus clientes y al público en general información sobre su razón social, canales de atención disponibles, activos respecto de los cuales presta sus servicios, riesgos inherentes a los mismos y los costos y tarifas asociados a los servicios.

• Mecanismos para informar a sus clientes sobre la ejecución de sus operaciones, los estados de cuenta y sus saldos.

• Un sistema de administración del riesgo operacional y de ciberseguridad, así como con las herramientas tecnológicas idóneas para gestionar este riesgo.

Protección del consumidor que transa con criptomonedas

Uno de los retos más significativos que trajo el experimento fue el tema de la protección al consumidor financiero. De acuerdo con Lagos, se requería profundización en las plataformas al respecto.

“Pero logramos engancharlos en la mejora de esos estándares en materia de protección y revelación de información en varios sentidos: hay que advertirle al consumidor cuáles son los riesgos y la volatilidad de lo que está comprando. Hay que mostrarle la posibilidad de quejarse ante algo, que no va a ser un supervisor, sino la plataforma misma”, explicó.

Hay que mencionar que actualmente en el marco normativo de protección al consumidor se encuentran la Ley 73 de 1981, que establece los parámetros de la intervención estatal en la distribución de bienes y servicios;el Decreto 663 de 1993, estatuto orgánico del Sistema Financiero; la ley 1328, de régimen de protección al consumidor; y la Ley 1480 de 2011, o estatuto del consumidor.

Fuentes:

• “Carta circular 52 de 2017”, Superintendencia Financiera de Colombia, junio 2017.

• “Proyecto de Circular Externa 17 -2022”, Superintendencia Financiera de Colombia, agosto 2022.

• “Proyecto piloto para realizar pruebas en laArenera de operaciones de cash-in y cash-out en productos financieros de depósito a nombre de plataformas de criptoactivos”, Superintendencia Financiera de Colombia.