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Las empresas en Colombia tienen mayor conciencia sobre la relevancia de realizar inversiones sociales en el país. Conoce más aquí.
El impacto generado por la pandemia del covid-19 motivó a muchas empresas en el país a multiplicar los recursos que destinan en inversión social privada. Ese propósito de contribuir se ha sostenido desde entonces y viene en curva ascendente (lo revelan mediciones clave en estas áreas), incluso, más allá de las acciones que se destinan a rubros como obras por impuestos.
De acuerdo con el Índice de Inversión Social Privada (IISP) que mide el esfuerzo del sector privado para mejorar las condiciones de vida de las comunidades o grupos de interés, en el último año se reportaron inversiones por $9,1 billones, entre recursos sociales y ambientales.
Estos recursos se destinaron en 2022, así:
Inversión social privada para el desarrollo con un total de $5 billones.
Gestión medioambiental con un monto de $4,1 billones.
En la medición de este año participaron 165 empresas, todas ellas dentro de las 1.000 compañías más grandes de Colombia y se evaluaron cinco dimensiones: alineación, gestión, focalización, sinapsis y reconocimiento, para clasificar a las compañías como agentes de cambio social.
La cifra es relevante pues las empresas participantes suman ventas anuales que equivalen al 37 % del PIB del país.
Del mismo modo, el impacto de sus inversiones destinadas al desarrollo social fueron equivalentes a dos veces el presupuesto de los ministerios de Agricultura y Ambiente y el Fondo Adaptación juntos o 1,2 veces el costo del Túnel de la Línea, lo que revela el espacio que va ganando este tema clave para el desarrollo de las sociedades más vulnerables.
Tras el desarrollo social y económico (19 %), los mayores porcentajes van destinados a infraestructura con el 17 %, desarrollo rural con el 16 %, educación e investigación con el 12 % y salud y donaciones con el 6 % de los recursos.
Por sectores, las principales inversiones voluntarias son de las compañías minero–energéticas, con 27 % de los recursos, seguidas por las de agroindustria, alimentos y bebidas (25 %) y educación superior (13 %).
Jaime Arteaga, director de JA&A, firma que realiza el estudio cada año, explicó que entre los recursos destinados se cuentan $2,5 billones correspondientes a inversiones sociales voluntarias y $1,3 billones de entidades privadas para el desarrollo, como son cajas de compensación o universidades, “entidades que hacen inversión privada, cuya inversión sigue siendo privada, pero no compite con sus utilidades, por eso se cuenta por separado”.
También añadió que las áreas prioritarias para el sector privado del país han cambiado con el tiempo y ahora se enfoca en temas como el desarrollo económico y rural, la salud y la educación, pero hace cinco años cuando se empezó a hacer seguimiento, la mayor participación correspondía a educación e investigación, y era mayor la inversión en temas de paz.
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En las novedades del reciente IISP se encuentran la identificación geográfica de todos los proyectos sociales y de gestión medioambiental voluntarios, que realizan cerca de 160 de las compañías más grandes del país, la recopilación de las inversiones que estas hacen a través del mecanismo de obras por impuestos, y el aporte que realizan a través de sus fundaciones empresariales.
De este modo, la inversión social voluntaria llega a 70 % de los municipios de Colombia con un fuerte impacto en 318.616 proveedores que hacen parte de las cadenas productivas de estas empresas. De hecho, el 67 % de ellos son proveedores contratados localmente, es decir en los lugares donde cuentan con operaciones significativas.
A su vez, el 39 % de las empresas invirtió $489.000 millones durante 2022 en municipios PDET (Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial). El aumento es considerable pues en 2021 este monto ascendió a $324.000 millones.
Un ejemplo del impacto de grandes organizaciones del país en este tema lo muestra Grupo Argos y sus negocios que, con una inversión consolidada que superó los $96.000 millones (25 % por encima de 2021), se destacó por sexto año consecutivo entre las empresas del país con mayor inversión social. Grupo Argos ocupó la posición 7°, escalando seis posiciones, Cementos Argos se ubicó en el puesto 6° y, Celsia, fue 14° entre las empresas evaluadas.
En 2022, la organización centró sus esfuerzos en programas e iniciativas para fortalecer la infraestructura vial y de prestación de servicios en las comunidades, educación e investigación, generación de empleo, desarrollo rural y arte y cultura, los cuales beneficiaron a más de 1,2 millones de personas en el país. Del total de la inversión, más de $34.000 millones fueron ejecutados por la Fundación Grupo Argos, el vehículo de inversión social voluntaria de la organización, que ejecutó proyectos en 15 departamentos de Colombia. A esta cifra se suma la inversión del Grupo Empresarial Argos en proyectos de obras por impuestos, mecanismo mediante el cual entre 2018 y 2022 ejecutó más de $200.000 millones en infraestructura vial y educativa, beneficiando a más de 240.000 personas. Ana María Martínez, subdirectora de Reputación Corporativa JA&A, agregó ante el impacto de la medición y sus resultados que “estamos comprometidos en trabajar incansablemente por hacer mejores compañías. Empresas responsables y comprometidas con la generación de valor para la sociedad y el país en general".
Bajo este panorama, la contribución del sector privado sigue ascendiendo pues tal como revelan datos de la Asociación de Fundaciones Familiares y Empresariales (AFE), soportados en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la inversión social privada voluntaria en Colombia asciende a USD100 millones al año.
Así, Colombia es el cuarto país que más fondos de filantropía recibe, incluidos recursos de cooperación internacional, luego de países como India, China y Perú.
Fuentes:
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